PLURALISMO FAMILIAR Y DERECHO A LA NO DISCRIMINACIÓN: ESTÁNDARES INTERAMERICANOS Y EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL EN MÉXICO (2020-2024)

Resumen

familias no tradicionales (2020-2024), evaluando su compatibilidad con los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el derecho constitucional mexicano. A través del análisis de sentencias recientes sobre concubinato, poliamor y derechos patrimoniales, se identifican avances en la eliminación de requisitos discriminatorios y la ampliación de derechos, así como la persistencia de exclusiones y un paradigma monogámico. Se concluye que es urgente armonizar la legislación interna con las obligaciones internacionales y garantizar la autonomía personal en la configuración familia.

Objetivo: Analizar críticamente la evolución de los criterios judiciales en México sobre familias no tradicionales durante el periodo 2020-2024, con especial atención al reconocimiento del derecho al libre desarrollo de la personalidad y la autodeterminación, evaluando su compatibilidad con los estándares interamericanos de protección familiar y no discriminación. Asimismo, proponer líneas de reforma legislativa y judicial que garanticen la inclusión y protección efectiva de todas las formas familiares.

Resultados: En el ámbito del concubinato, los tribunales colegiados de circuito han eliminado el requisito de libertad matrimonial para su reconocimiento (TCC, Registro 2029507, 2024a). Asimismo, han establecido la protección patrimonial tras dos años de convivencia (TCC, Registro 2029410, 2024b), lo que refleja una tendencia hacia la constitucionalización del derecho familiar, en línea con los avances observados en Argentina. Este desarrollo se fundamenta en los principios de libre desarrollo de la personalidad y autodeterminación.

Sin embargo, persisten resistencias estructurales, como las exclusiones en materia de pensiones para múltiples concubinas (TCC, Registro 2021664, 2020), aunque estas han comenzado a ser parcialmente matizadas en 2024. Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante jurisprudencia vinculante, ha rechazado la equiparación del poliamor con el matrimonio o el concubinato (SCJN, Registro 2029536, 2024), lo que contrasta con los debates judiciales y doctrinales en países como Brasil. En este país, a pesar de algunos intentos aislados de reconocimiento judicial de las uniones poliafectivas, la doctrina y la jurisprudencia mayoritaria consideran que tales relaciones no pueden equipararse al matrimonio o al concubinato bajo el marco legal vigente (BIRCHAL, 2024).

Finalmente, los criterios convencionales interamericanos insisten en que la protección familiar debe ser amplia y no limitada a modelos tradicionales (Corte IDH, 2012; 2024; 2017). Esto obliga a México a revisar y reformar sus normativas para eliminar exclusiones y garantizar una protección integral y efectiva para todas las formas de familia.

Metodología: Se emplea un enfoque cualitativo y comparativo que incluye el análisis dogmático-jurídico de cuatro criterios relevantes emitidos por tribunales mexicanos (2020-2024), tanto de tribunales colegiados de circuito como de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, se realiza un estudio comparado con el Código Civil argentino (2015), la jurisprudencia colombiana (Sentencia SU-080/2020) y decisiones paradigmáticas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Fornerón e hija vs. Argentina, Pérez Lucas y otros vs. Guatemala, Opinión Consultiva OC-24/17). Complementariamente, se incorpora una perspectiva sociológica mediante el análisis de datos estadísticos del INEGI (2020) y del Censo Nacional de Impartición de Justicia, con el fin de dimensionar la litigiosidad y la realidad social de las familias diversas en México.

Contribuciones: Presenta el primer análisis que articula la evolución de los criterios judiciales en México en relación con los estándares interamericanos sobre pluralismo familiar y el derecho al libre desarrollo de la personalidad; se propone un sistema de cotizaciones proporcionales en materia de seguridad social, así como reformas legislativas orientadas a reconocer y proteger todas las formas de familia e incorpora el concepto de “violencia institucional” para analizar críticamente las exclusiones en pensiones y derechos patrimoniales, aportando una perspectiva novedosa y crítica al debate jurídico sobre derechos familiares.